REVISTA CONAVA


Derecho Procesal Civil

El año anterior tuve la oportunidad en un Congreso organizado por la Universidad de Medellín1 formular una inquietud al denominado oráculo jurídico del que hiciera parte el connotado procesalista Michele Taruffo entre otros. La pregunta era “que decisión debe adoptar el juez cuando en tratándose de un asunto de materia científica (Responsabilidad medica) debe dilucidar de fondo un debate en el que se hallan enfrentadas dos peritos que sostienen tesis...


Estamos a casi dos (2) años de cumplirse la vigencia integral del Código General del Proceso y son muchos los avances que en materia de oralidad tenemos a la fecha, pero indudablemente, son más los retos que tenemos por delante en dicho asunto.



Los hechos notorios, en principio, no son aplicables o ponderables en el contexto de la responsabilidad médica, bajo el régimen reconocido en ella de la culpa probada, que no de responsabilidad objetiva o de culpa presunta.


Cada día es menos frecuente la celebración de contratos de servicios de salud entre médico y paciente, precisamente porque la prestación de servicios de salud, en la mayoría de casos, no surge por un compromiso obligacional en que el medie un contrato, sino por la afiliación del paciente a una Entidad Promotora de Salud.


El propósito de los recursos es corregir los errores y reparar el agravio, es por ello, que todos los actos de impugnación tienen o deben tener como origen el error que subjetivamente una de las partes considera como pertinente, para enrostrar o endilgarle a la providencia que emite el juez..



Existe una línea delgada, pero tangible, entre el rol del Juez y la intervención en el estatuto general de la carga de la prueba, según el cual entrar a decidir una distribución total o parcial de los deberes procesales del actor, desaloga obligaciones propias mejorando las condiciones a uno, en desmedro del otro.


La responsabilidad civil es una de las fuentes de las obligaciones y básicamente consiste en la obligación que surge para un sujeto de derecho de indemnizar el daño que ha causado, de manera directa o indirecta, a otro sujeto de derecho que lo sufre. Esa indemnización puede ser determinada en dinero o in natura.


A raíz de la nueva regulación del proceso ejecutivo en el Código General del Proceso han surgido varios interrogantes.





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